El concierto por el 35.º aniversario del debut de Lee Seung-hwan, previsto para el 25 de diciembre de 2024, no pudo celebrarse porque la ciudad de Gumi canceló el alquiler del recinto el 23 de diciembre, dos días antes del espectáculo. La ciudad explicó que la cancelación respondía a la seguridad de los ciudadanos y del público, así como al riesgo de enfrentamientos físicos, y afirmó que había solicitado al equipo de Lee Seung-hwan una declaración en el sentido de que no realizaría actos o expresiones que pudieran provocar incitación política o malentendidos.
¿A quiénes y cuánto ordenó indemnizar la primera instancia?
Lee Seung-hwan, Dream Factory Club y 100 compradores de entradas, un total de 102 demandantes, presentaron una demanda por daños y perjuicios de 250 millones de won contra la ciudad de Gumi y el exalcalde Kim Jang-ho. El tribunal de primera instancia ordenó a la ciudad de Gumi pagar 35 millones de won a Lee Seung-hwan, 75 millones de won a Dream Factory Club y 150.000 won a cada uno de los 100 compradores de entradas. La indemnización total asciende así a 125 millones de won.
Sin embargo, la primera instancia no reconoció la responsabilidad personal del exalcalde Kim Jang-ho por los daños y perjuicios. Por ello, en esta apelación siguen siendo cuestiones separadas tanto la posible modificación de la decisión sobre la indemnización dictada en primera instancia como la posibilidad de exigir responsabilidad también al exalcalde.
¿Qué cuestiones se examinarán en la apelación de septiembre?
El equipo de Lee Seung-hwan presentó el 20 de mayo de 2026 un recurso de apelación para que se reconociera no solo la responsabilidad de la ciudad de Gumi, sino también la responsabilidad del exalcalde Kim Jang-ho por los daños y perjuicios. En la primera vista oral de la apelación, celebrada el 3 de septiembre en la Sala Civil 9 del Tribunal Superior de Seúl, se solicitó interrogar a las partes para esclarecer qué sabía y qué factores tuvo en cuenta el exalcalde Kim en el momento de cancelar el alquiler del recinto. El tribunal decidió resolver posteriormente si admitiría dicha solicitud.
El tribunal exigió demostrar con pruebas pertinentes si la cancelación del alquiler se debió al temor de incitación política o a preocupaciones de seguridad. Esto significa que el procedimiento de apelación sigue examinando concretamente el motivo de la cancelación y quién debe asumir la responsabilidad; todavía no existe una conclusión definitiva.
La próxima vista oral se fijó para el 15 de octubre de 2026. Hasta entonces, deberán comprobarse si se llevará a cabo el interrogatorio de las partes y cómo se presentarán las pruebas que respalden el motivo de la cancelación.