La Unidad Conjunta de Investigación sobre la Corrupción y la Colusión entre Religión y Política puso fin a sus actividades el 31 de agosto de 2026, 237 días después de su creación. La unidad anunció que había procesado o enviado a juicio a un total de 32 personas: 16 vinculadas a Shincheonji, incluido Lee Man-hee, y 16 vinculadas a la Iglesia de la Unificación, incluida Han Hak-ja.
La medida que más atención ha recibido es el procesamiento de Lee Man-hee con prisión preventiva. Entre las personas relacionadas con Shincheonji, cuatro fueron procesadas con prisión preventiva junto con Lee Man-hee y las otras 12 fueron procesadas sin prisión preventiva. Han Hak-ja y otras personas vinculadas a la Iglesia de la Unificación también fueron incluidas entre los procesados.
La clave está en distinguir entre el hecho de que alguien haya sido procesado y una condena firme de culpabilidad.
Conclusiones de la investigación relacionada con Shincheonji
La unidad declaró que Shincheonji había obligado a sus fieles a afiliarse al Partido del Poder Popular entre 2021 y 2024 con el objetivo de ejercer influencia en el ámbito político, y que, según su valoración, al menos 56.472 personas se afiliaron.
También anunció que había confirmado que, entre 2016 y 2020, Shincheonji operó los establecimientos comerciales de 70 iglesias filiales de todo el país a nombre de sus fieles y llevó una doble contabilidad, evadiendo 7.570 millones de wones en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor añadido.
Las principales cifras relacionadas con Shincheonji que se desprenden del resultado de la investigación son las siguientes:
- Afiliaciones al Partido del Poder Popular consideradas: al menos 56.472 personas
- Alcance de la investigación sobre los establecimientos comerciales: 70 iglesias filiales en todo el país
- Importe de la evasión fiscal considerada: 7.570 millones de wones
- Personas vinculadas a Shincheonji procesadas: 16
Los 26.000 millones de wones incautados a Han Hak-ja deben distinguirse del importe de la presunta malversación
La unidad declaró que había incautado 26.000 millones de wones en efectivo de la caja fuerte personal de Han Hak-ja y que había iniciado el procedimiento de conservación preventiva para su eventual decomiso. Sin embargo, esto no significa que la totalidad de esa cantidad haya sido confirmada como dinero malversado o producto del delito.
Según informó MBC, Han Hak-ja fue investigada por la presunta malversación de 10.500 millones de wones pertenecientes a la iglesia. La Iglesia de la Unificación explicó que esos fondos eran ofrendas religiosas y que se habían utilizado con fines públicos. Por tanto, «26.000 millones de wones incautados» y «10.500 millones de wones objeto de una acusación de malversación» son cifras distintas y deben registrarse con significados diferentes.
No hubo políticos procesados
Yonhap informó que 132 políticos quedaron excluidos de la lista de personas procesadas en la investigación sobre la financiación política de la Iglesia de la Unificación. Según se informó, la unidad confirmó que, entre 2019 y 2025, la Iglesia de la Unificación realizó 219 donaciones ilegales a 132 políticos, por un total de 189 millones de wones.
Algunas presuntas conexiones entre Lee Man-hee y el ámbito político fueron remitidas a la policía. No obstante, que un caso haya sido remitido no significa que los cargos estén confirmados, y tampoco se han presentado fundamentos para afirmar que los 132 políticos conocieran el carácter ilegal de las contribuciones.
Las condenas firmes anteriores y el procesamiento actual son asuntos distintos
En 2022, el Tribunal Supremo confirmó la absolución de Lee Man-hee por los cargos de violación de la Ley de Enfermedades Infecciosas relacionados con la obstrucción de las medidas de prevención de la COVID-19. También confirmó la sentencia original que consideró probados algunos cargos, entre ellos malversación y obstrucción del ejercicio de las funciones.
Este caso se refiere a los nuevos procesamientos y remisiones a juicio realizados por la unidad conjunta en 2026. La culpabilidad o inocencia respecto de cada hecho incluido en la acusación se determinará mediante una sentencia firme de los tribunales.